Los jóvenes defienden la justicia social de su acto, amparándose en el abandono del local por parte de los dueños y en la necesidad de vivienda que tienen todos ellos. Creen que su acto no perjudica a nadie; es más, si acaso puede beneficiar a los propietarios del local, ya que los okupas han procedido a reformarlo y mantenerlo. Enterados los propietarios de la ocupación, proceden a denunciarla y solicitan al juez el desalojo de los okupas y que les sea aplicado el castigo legal correspondiente. Su reclamación se fundamenta en que están acreditados como legítimos propietarios y pueden destinarlo al uso o al abandono según estimen conveniente. El juez se enfrenta a un conflicto de derechos. Por un lado, está el derecho a la propiedad privada, reconocido en toda la legislación; por otro lado, los okupas reclaman el derecho a una vivienda digna, tal y como queda recogido en la Constitución.
El juez, sin demora, debe decidir sobre las siguientes cuestiones: ordenar o no a la policía que proceda a efectuar el desalojo del local; sancionar o no con las penas pertinentes a los okupas (la ley obliga a dichas sanciones, aunque se pueden invocar atenuantes y justificantes de la acción); suspender la sentencia y elevar al TC una cuestión de inconstitucionalidad, argumentando que el derecho a una vivienda digna debe estar por encima del derecho de los propietarios a mantener su propiedad abandonada.
Como primera entrada, os queremos hacer partícipes del primer debate de nuestro blog, al que esperamos visitéis y comentéis.
El tema de hoy es el fenómeno ocupa y sus consiguientes efectos, no queremos que nuestras opiniones os influyan e incluso (esperemos que no) lleguéis al extremo de sentiros coaccionados hacia uno u otro bando; el tema en sí es según el texto, el dilema que se plantea cuando unos chavales que ‘con buenas intenciones’ habitan una propiedad con la finalidad de vivir en ella; con esta idea se dedican a reformar pisos para sus gentes como de si centros sociales se tratasen, hasta aquí la acción de ocupación tiene un mínimo de sentido pero la invación de propiedades privadas por gente carente de derecho en ellas no hace de la acción más legítima.
Según la ley, la que unos entendemos más y otros menos, el terreno pertenece al que paga mensualidades, letras y quien se ha dedicado a construirla, no es un bien público aunque puede cederse para usarse así. La intención es buena, ¿pero no es lo mismo dedicar nuestro tiempo en una serie de papeleos, algunos muy ajetreados, para conseguir ese terreno si antes negociamos con el propietario su compra, alquiler y/o restauración?
Muchas acciones ocupas no tienen la misma finalidad que nos cuenta el texto, muchas veces son simplemente un pretexto donde gente sin trabajo (por mérito propio) encuentra un espacio donde poder divertirse alegando derecho a vivienda digna, no me malinterpretéis, hay mucha gente que sí necesita una vivienda, gente que ha trabajado, abonado en la seguridad social y ahora se encuentran en la calle sobreviviendo...No veo justo que a estas personas se les otorgue esas ayudas teniendo a otras 100 que la necesitan más que los llamados ocupas.
Para terminar, mi opinión con respecto al texto es que la propiedad privada debe respetarse, a ninguno de nosotros nos gustaría que de un día para otro se nos meta gente en casa y empiece a 'renovar' sin nuestro concentimiento puesto que dicen es una buena acción. Estamos en una sociedad de consumo, mucha gente no tiene lo que quiere y menos lo que necesita, pero no hay derecho para cogerlo y hacer de las cosas tuyas como se profesa en esta culturilla ocupa.
¿Si tu estuvieras en el lugar de los dueños del local los habrías denunciado? ¿Qué tipo de sanción pondrías tú a los okupas? ¿Cuál de los dos derechos enfrentados es mas importante para tí? ¿A quíen defenderías tú?
Estamos esperando tu opinión.
